Por Anisah Muhammad, Redactora Invitada- Julio 5, 2022

El 17 de abril de 1997, Billie Allen de 19 años –un hombre negro– fue encarcelado bajo dos cargos: matar a un guardia de seguridad durante un robo a mano armada en un banco y el uso de un arma de fuego para cometer un crimen. Un año después, un juez le impuso la pena de muerte federal.

Un nuevo reporte de Amnistía Internacional investiga los detalles del caso del señor Allen. Después de su arresto, fue esposado a una mesa en el cuarto de interrogatorio durante 7 u 8 horas sin la presencia de un abogado. El reporte destacó que todos los involucrados en el caso –los fiscales, el juez y la defensa– eran Blancos. También lo era la víctima. El crimen tuvo lugar en St. Louis, Missouri. Aunque según la Oficina de Censos de EUA St. Louis es 46% Negro y 46% Blanco, el jurado fue seleccionado de entre las zonas predominantemente Blancas de este estado.

 

“El jurado de Billie Allen estuvo compuesto por 10 jurados Blancos y dos afroamericanos, después de que la fiscalía recurriera a impugnaciones perentorias para desestimar a cinco de los ocho afroamericanos en la selección del jurado”, afirma el informe de Amnistía.

El Sr. Allen usó un cinturón de electrochoque durante todo el juicio. La fiscalía describió al joven negro como un “perro asesino”.

Veinticinco años después, el Sr. Allen sigue esperando la pena de muerte. Sin embargo, según el reporte de Amnistía y una petición de change.org con más de 150,000 firmas las pruebas de ADN excluyen al Sr. Allen como el agresor y un guardia de seguridad confesó haber visto al Sr. Allen en un centro comercial a millas de distancia de la escena del crimen. Además, las descripciones de los testigos no coinciden con las del Sr. Allen.

Pero cuando se trata de pena de muerte, el caso del Sr. Allen no es atípico. Según el informe de Amnistía Internacional “El poder del ejemplo: ¿Adónde llevará la pena de muerte de Biden?”, mientras que los Negros representan aprox. el 13% de la población estadounidense, de los 539 enjuiciados a pena de muerte entre 1988 y abril de 2021, la mitad son Negros. Aunque los latinos representan casi el 19% de la población de los EE. UU., el 18% de los acusados ​​eran latinos y el 28% eran Blancos.

“De las 16 personas condenadas a pena de muerte federal desde 2001, siete eran Blancas, siete Negras, una latina y una nativa americana”, afirma el informe.

De los 1500 ejecutados desde la década de 1970 –tanto a nivel federal como estatal– 522, que representa un tercio de los ejecutados, fueron Negros y 128 latinos. Más del 80% ocurrió en los estados del sur, y más del 75% fueron personas condenadas por delitos que involucran a víctimas Blancas, según el informe de Amnistía.

 

“Obviamente, no estamos sorprendidos por ninguna de esas estadísticas. Esa es la realidad de la supremacía Blanca en Estados Unidos. Y es muy interesante que haya una Corte Suprema que se pronuncia a favor de la vida, pero que no establece una moratoria sobre la pena de muerte. Es la hipocresía en su máxima expresión. Expone el prejuicio racial que está involucrado en el debate y la aproximación a la pena capital”, dijo el reverendo Graylan Hagler, ministro principal de la Congregación de Plymouth de la Iglesia Unida de Cristo a La Última Llamada.

Atribuyó la disparidad racial a la pobreza y al hecho de no poder pagar un abogado particular.

“Básicamente, te dan un defensor público que está sobrecargado de trabajo y de impuestos, y muy a menudo terminas siendo condenado, yendo a la cárcel y en casos capitales, vas al patíbulo.”, dijo.

Alexis Hoag, docente en la Facultad de Derecho de Brooklyn, tiene más de una década trabajando para personas sentenciadas a muerte. Dijo a La Última Llamada que la pena de muerte siempre ha tratado sobre raza y ejercer poder y control.

“La historia de la pena de muerte en este país se basa en el prejuicio de que los Negros son peligrosos criminales”, dijo. “Se usa como herramienta para controlar a los Negros. Hay que analizar el uso de la pena capital como resultado de un largo período de terrorismo racial, de linchamientos dirigidos a hombres Negros, acusados –muchas veces ​​falsamente– de violar a mujeres Blancas o por cometer alguna transgresión social. Y a medida que disminuyeron los linchamientos, vimos un aumento en el uso de la pena capital por parte de los estados”.

Hoag describe el terrorismo racial dirigido hacia a las personas Negras, que se ha expandido desde el Verano Rojo en 1919 a la Masacre Racial de Tulsa en 1921.

“Vimos la violencia letal generalizada, dirigida a personas Negras, comunidades Negras. Y fue entonces que el sistema legal llevó los linchamientos a la sala del tribunal, a las puertas del juzgado, y les dio la apariencia de debido proceso”, dijo. “Asignamos un abogado. Convocamos un jurado. Tenemos un juez. Y al final, llegamos a lo mismo: la ejecución de una persona Negra”.

La mayor parte de los casos de pena de muerte suceden a nivel estatal, pero Hoag dijo que la ley federal puede activarse si alguien que ya fue encarcelado comete asesinato en la cárcel o por personas que cruzan fronteras estatales.

Promesas vacías

Allen es una víctima de las promesas vacías del gobierno estadounidense.

El 29 de junio de 1972, durante el caso Furman vs. Georgia, la Suprema Corte de EUA declaró inconstitucional a la pena de muerte. Tan solo cuatro años después, en el caso de Gregg vs. Georgia, la corte afirmó que el estatuto de pena de muerte de Georgia no era un castigo “cruel e inusual” y que en efecto era constitucional.

Han pasado 50 años desde Furman vs. Georgia, y el gobierno americano ha hecho poco para abolir la pena de muerte federal o modificar las sentencias actuales, sin importar las promesas del actual presidente Joe Biden. Cuando se postuló para presidente, declaró que si ganaba la elección “legislaría para eliminar la pena de muerte a nivel federal e invitaría a los estados a seguir el mismo ejemplo”, un compromiso que fue confirmado ante las Naciones Unidas.

“Sin embargo, exceptuando una demora temporal de las ejecuciones federales, en los 18 meses que lleva como presidente en la Casa Blanca se han visto pocos avances en su promesa abolicionista”, afirma el informe de Amnistía Internacional. “Además, la defensa de las sentencias de quienes actualmente enfrentan la pena de muerte por parte de su administración, acercándolos a la ejecución, es motivo de preocupación. El tiempo es esencial y está transcurriendo”.

Amnistía Internacional hace un llamado al Presidente Biden a cambiar todas las sentencias de muerte federales por sentencias menores, incluida la sentencia del Sr. Allen. Asimismo le conmina a detener todas las actividades federales que apoyen o faciliten las ejecuciones estatales.

“Las víctimas del sistema de injusticia criminal están muy abajo en la lista de prioridades de los políticos”, afirmó el Rev. Hagler.

La Srta. Hoag explicó que hay dos casos prominentes de la pena capital que podrían estar impidiendo la abolición de la pena de muerte por parte del presidente: Dylann Roof, quien fue declarado culpable y sentenciado a muerte por disparar y matar a nueve personas Negras en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, y Dzhokhar Tsarnaev, declarado culpable y condenado a muerte por el atentado con bombas durante el maratón de Boston en 2013.

“Creo que Biden no quiere ser el que intervenga en la pena de muerte de esas dos personas, el Sr. Roof y el Sr. Tsarnaev. Eso es lamentable, porque la pena de muerte se sigue usando como herramienta para atacar a las personas más marginadas de este país”, dijo Hoag.

El abogado Athill Muhammad de Houston, Texas, participó en dos casos de pena de muerte sobre la misma persona, Tyrone M. Williams. El Sr. Williams, un hombre Negro, fue inicialmente juzgado en 2005 por la muerte de 19 “migrantes ilegales” que perdieron su vida en la cajuela de su trailer. De los 13 acusados, él fue el único que se enfrentó a una posible pena de muerte.

“Desde un punto de vista personal, esta experiencia es la mayor presión a la que se puede someter un abogado, porque literalmente tienes la vida de alguien entre tus manos,” dijo el abogado Muhammad.

Durante el primer juicio, la jueza era una mujer Negra y gran parte de la corte, Negros y mexicanos. El jurado nunca entregó un veredicto, lo cual resultó en un segundo juicio, dijo el abogado Muhammad. El caso pasó a un juez Blanco, y el jurado declaró culpable al Sr. Williams. Al final, no se impuso la pena de muerte y el Sr. Williams fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

“Es difícil, especialmente cuando empiezas a conocer el lado humano de tu cliente", expresó Muhammad. “Una vez que conoces a la persona y sabes que quieren condenarla a muerte, es como… esperen un momento.”

Alternativas a la pena de muerte

Las recomendaciones de Amnistía internacional para el presidente Biden incluyen trabajar con miembros del Congreso para abolir por completo la pena de muerte a nivel federal. También sugieren una campaña informativa pública sobre la abolición, que muestre los hechos sobre la arbitrariedad, el sesgo racial, el impacto, los errores y otras realidades de la justicia capital, así como los requisitos de la ley internacional de derechos humanos.

Sumado a eso, recomiendan que el Congreso de EUA promulgue una legislación para abolir la pena de muerte federal y que el Departamento de Justicia mantenga en pausa las ejecuciones hasta que se promulgue la abolición de la pena de muerte federal y se hayan modificado todas las sentencias de pena de muerte federal.

Hoag recomienda castigos alternativos a la pena de muerte, como sentencias de prisión largas o cadenas perpetuas. Pero ella se cuestiona, “¿Cómo decidir la magnitud del castigo, si se condena a alguien a 50 años de cárcel?”

“El crimen no cambia. La naturaleza del asesinato –el asesinato premeditado– no cambia. Pero quizás, durante un período de 50 años o algún otro período de tiempo prolongado, alguien tenga la capacidad de redimirse”, dijo.