Brazil’s Indigenous march to pressure court on land ruling

 

Marcha indígena en Brasil para presionar al tribunal sobre sentencia de derechos territoriales

Por AP - 7 de septiembre de 2021

 BRASILIA, Brasil- A finales de agosto de 2021, miles de indígenas marcharon hacia el Tribunal Supremo de Brasil para presionar a los magistrados en la emisión de un fallo con enormes implicaciones para los derechos sobre la tierra.

Vestidos con tocados de plumas y el cuerpo pintado, cantaron y bailaron a lo largo de su recorrido de tres millas. Según reporta la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil –un grupo de defensa de derechos– y un organizador de la marcha, los manifestantes acamparon en la capital detrás del Teatro Nacional, y llegaron a ser unas 6.000 personas de 173 grupos étnicos de todo el país.

Los jueces evaluarán la sentencia de un tribunal inferior, que invalidó el reclamo de algunos indígenas del estado de Santa Catarina sobre lo que ellos consideran su territorio ancestral. El tribunal inferior basó su decisión en el argumento de que el grupo no ocupaba la tierra en octubre de 1988, cuando se firmó la Constitución de Brasil y la nación volvió a la democracia. Este argumento fue refutado por el grupo indígena.

Los pueblos indígenas sintieron frustración ante el hecho de que el tribunal no empezó a debatir el caso el 22 de agosto. La mayoría de los jueces aún deben votar en otro polémico debate, relativo a la constitucionalidad de la autonomía del Banco Central de Brasil.

Los organizadores de la protesta dicen que la decisión de la corte podría ser "el fallo del siglo", porque el argumento de ocupación de tierras del año 1988 obligaría a los jueces de todo el país a imponer ese mismo argumento en casos similares que aún están pendientes. Esto afectaría el destino de un controvertido proyecto de ley que actualmente avanza en el Congreso.

El presidente Jair Bolsonaro sugirió que la anulación del fallo del tribunal inferior provocaría nuevas solicitudes para reconocer oficialmente cientos de territorios indígenas.

Su Procurador General presentó una solicitud al máximo tribunal del país para impedir que los pueblos indígenas se reúnan, citando protocolos de COVID-19 que el propio presidente ha ignorado en repetidas ocasiones. El juez Luis Roberto Barroso denegó la solicitud, afirmando que creía que los manifestantes estaban tomando precauciones suficientes.

Los grupos agrarios argumentan que la fecha límite de 1988 da certidumbre a la ley de propiedad, pero los defensores de derechos afirman que ignora el hecho de que muchos indígenas habían sido expulsados de sus tierras por la fuerza, especialmente durante la dictadura militar. Otro defecto de esta ley es que muchos grupos indígenas pueden carecer de medios formales para demostrar la posesión de las tierras.

Pi Surui, de la aldea 7 de Setembro, en el bosque amazónico de Rondonia, declaró que había venido a la capital para dejar claro que el territorio indígena es más que sólo tierra.

"Es sagrado, nuestra historia, nuestra vida", dijo Surui, de 23 años, en el campamento. "Tenemos derecho a cultivar nuestras cosechas y a vender nuestro ganado, nuestro pescado, a vivir de forma sostenible. También nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, equilibrando nuestras necesidades y avances como seres humanos, pero sin perder nuestra cultura."

El gobierno del estado de Santa Catarina afirma que los indígenas implicados en el actual proceso judicial "invadieron" la tierra en 2009. El pueblo Xokleng afirma que la extensión original de su territorio fue disminuyendo progresivamente por la invasión de la agroindustria, pero que nunca abandonaron la zona.

Bolsonaro ha afirmado en repetidas ocasiones que los indígenas controlan demasiada tierra en relación a su población –sus territorios cubren el 14% de Brasil, la mayoría en la Amazonia– y ha expresado abiertamente su deseo de promover el desarrollo rural.

Junto con los intereses agrícolas, ha argumentado que el límite de 1988 ya había sido establecido por una sentencia judicial anterior. Cambiarlo ahora crearía un "caos", dijo en una entrevista televisiva.

Algunas de las personas que marcharon el 22 de agosto llevaban pancartas que decían "Fuera Bolsonaro" y "Territorio indígena es vida".

José Miguel Vivanco, secretario ejecutivo de Human Rights Watch en América, utilizó Twitter para oponerse a la fecha de corte, pues declaró que los grandes terratenientes y los aliados de Bolsonaro están apoyando esa fecha con el fin de expulsar a los indígenas.

En junio, la Comisión de la Constitución y Justicia de la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que establece oficialmente octubre de 1988 como la fecha de referencia de ocupación para los indígenas que buscan la protección plena de sus territorios. Hay más de 200 solicitudes de este tipo pendientes, la mayoría para pequeños territorios situados fuera de la selva amazónica. El proyecto de ley también está pendiente de votación.

Un fallo judicial que confirme la fecha de 1988 añadiría respaldo legal a ese proyecto de ley en el Congreso, dijo el abogado Pataxo. Si el tribunal anula la sentencia anterior, se debilitaría el impulso del proyecto de ley al proporcionar una justificación para impugnar su constitucionalidad en el futuro.

Según el Instituto Socioambiental, una organización sin ánimo de lucro, Brasil tiene 421 territorios indígenas reconocidos oficialmente, en los que viven 466.000 personas.

En una protesta nocturna previa a la marcha del 22 de agosto, los indígenas sostenían luces y portaban pancartas, una de las cuales decía: "Nuestra historia no empieza en 1988. Hemos resistido durante más de 12.000 años". La escritora de Associated Press Debora Alvares reportó esta historia en Brasilia y el escritor de AP David Biller reportó desde Río de Janeiro.